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El agua como recurso natural ha tenido importancia desde épocas remotas pues es un elemento natural y esencial, no sólo para los seres humanos, sino además para la tierra y todos los ecosistemas terrestres. Por lo mismo, a partir de los años 70, se comenzó a notar la necesidad de regular y definir este derecho y/o recurso limitado, y fue así como se crearon los primeros instrumentos internacionales que lo consagraron; destacándose entre ellos, la Agenda 21 que reiteraba el hecho que el agua es un componente esencial y por ellos necesita de protección y reconocimiento. Reconociendo la trascendencia de este recurso, las autoridades mundiales han incorporado el derecho humano al agua en diversos documentos internacionales, siendo el más completo en cuanto a su contenido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) , que en su artículo 11º incorpora esta garantía. La Asamblea General de las Naciones Unidas, se pronunció en el año 1999, sobre la discusión de si el derecho al agua debe reducirse a la satisfacción de esta necesidad humana, o debe otorgársele un carácter superior, como es el de derecho económico, social y cultural. La Asamblea, a propósito del derecho al desarrollo, resolvió que el agua es un derecho humano fundamental y su promoción constituye un imperativo moral para los gobiernos de la comunidad internacional, de manera tal que el derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. El fundamento jurídico del derecho humano al agua descansa en el derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y domestico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y domestica, así resulta innegable su vinculación con la dignidad humana y su importancia para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Son varias las constituciones que en los más diversos lugares del mundo consagran el derecho al agua –ya sea de manera explícita o implícitamente- imponiendo obligaciones al Estado en el sentido de asegurar la disponibilidad, calidad y accesibilidad de tan preciado recurso. Estas consagraciones tienen la particularidad de ser consagraciones distintas a aquellas que incorporan el derecho a un medio ambiente saludable o libre de contaminación puesto que son consideradas como reconocimientos específicos del derecho al agua. Entre estas constituciones encontramos la de Ecuador, Sudáfrica, Uganda, Etiopía, República de Guyana, Gambia, Camboya, Colombia, Irán, Laos, Panamá, Portugal, Venezuela, Zambia, México, Nigeria, etc.
El estado de Chile no se ha quedado atrás en cuanto al reconocimiento de los DESC (derechos económicos, sociales y culturales) y lo que éstos implican y es así como existen diversos instrumentos internacionales que cobran relevancia a nivel nacional, el PIDESC como pacto declarativo de determinados derechos, fue firmado por nuestro país el 16 de septiembre de 1969 para luego ser ratificado en virtud del artículo 5 inciso 2° de la Constitución, el 10 de febrero de 1972, sin embargo, si bien es cierto que en nuestro país el derecho al agua se encuentra regulado –tanto a nivel constitucional, legal y reglamentario-, dicho tratamiento dista bastante a lo que los estándares internacionales vienen indicando en este sentido. Así, es cosa de revisar lo que el Comité DESC ha establecido en relación con el derecho al agua en su Observación General Nº 15; en ella se observa, con bastante claridad, que los conceptos de calidad, accesibilidad y disponibilidad del agua no son términos que queden enteramente entregados a la interpretación de los Estados y mucho menos, que las obligaciones que asumen estos mismos son meros compromisos de buena voluntad, fuera de todo alcance de exigibilidad. Este distanciamiento resulta más concreto al constatar que el enfoque con que se aborda este tema tiene la particularidad de considerar al agua como un bien cualquiera, igual que cualquier otro, susceptible de ser adquirido y protegido bajo las reglas del derecho de propiedad que rige en Chile, lo que se contradice con el derecho al agua como un derecho humano fundamental, de la más alta relevancia para las personas y de infinitas implicancias alimentarias, higiénicas, ambientales y de salubridad que posee este importante recurso en la vida cotidiana de todos los habitantes del planeta.
En Chile, al igual que en la comunidad internacional, la contaminación de este recurso tiene su principal origen en las descargas directas de aguas servidas domésticas y residuos industriales líquidos y sólidos a las masas de agua superficiales, terrestres o marítimas, sin previo tratamiento, y a las descargas difusas derivadas de actividades agrícolas o forestales, que llegan de forma indirecta a las masas o corrientes de agua superficiales y también a las subterráneas. Todo ello se traduce en que actualmente nuestro país posea numerosos cuerpos de agua deteriorados.
Establecida claramente la trascendencia de este recurso resulta aberrante, por decir lo menos, la posición de las multinacionales, para las cuales la cuestión del agua y de quién la controla ha pasado de pronto a ocupar el centro del escenario de sus negocios mundiales, ( ejemplos emblemáticos Cola Cola, Monsanto, Nestlé, Mc Donald´s) ,manifiestan claramente su deseo en cuanto a querer privatizar el agua, aunque en la actualidad hagan un “robo organizado” de ella, depredando este esencial recurso para llenar sus arcas de dinero a costa de la muerte miles de personas, animales, bosques, pobreza, contaminación, etc.

SEÑORES EMPRESARIOS

¡El agua no es su “oro azul” o su “oro líquido”!



Marcela Vera Díaz
Egresada de Derecho
Activista La Revolución de la Cuchara